Es por todos más que conocido el asentamiento poblacional que lleva este nombre. En ella viven aproximadamente unas 2.800 familias.
El comienzo de dicho asentamiento se remonta a la primera mitad de siglo XX, a la década del 40 mas precisamente, siendo por ese entonces un asentamiento de inmigrantes europeos al que se sumarían obreros del tendido ferroviario que se realizara por aquella época. Tres décadas después estaría albergando nada más, ni nada menos que unas 20.000 familias. Pero sería el pretendido Estado de la década de los 70 el que se encargaría de los planes de desalojo, impulsándolo compulsivamente y logrando la meta que se hubiera interpuesto en gran medida; en 1.979 un juez frena dicho proceso.
Nunca ceso el conflicto; menos lo va a ser en un momento en el que la magia del mercado, esa “mano invisible” juega a favor del valor de la tierra de nuestra metrópoli cosmopolita: como siempre, los intereses son tristemente más fuertes que los más auténticos valores del ser humano. A saber las tierras se encuentran bajo dominio del Estado Nacional y aquí aparece un nuevo conflicto en el que se suma el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el cual liga la responsabilidad al primero por no haber planificado nunca la construcción ni mucho menos la planificación de la villa. A saber en la actualidad el asentamiento constituye una verdadera comunidad en la que pueden observarse edificaciones de hasta 5 pisos y sus residentes se niegan a ser trasladados, simultáneamente exigiendo la prestación de los servicios básicos a los que todo ciudadano tiene derecho.
A saber hace dos semanas los vecinos decidieron cortar la autopista Illia para hacerse escuchar y exigir sus reclamos: la protesta social es en este caso la forma de hacerse oír de esta población que lejos esta de tener los medios para hacerse oír como por ejemplo el grupo de vecinos del congreso que se levanto ante el intento de reemplazar el adoquinado por parte del gobierno de la ciudad.
Va de suyo que todo acto de esta naturaleza genera enojo o perturbación: en este caso la de quienes a diario se mueven por la autopista Illia. Estamos frente a una colisión de derechos, y argumento ya conocido por todos es el de que mi derecho termina cuando empieza el de los demás ¿Quién no se enojaría si le obstruyen la vía por la cual debe transitar a diario para asistir a su trabajo? o ¿Por qué no también tiene derecho a un enojo, y este quizás superior, una persona que no tiene agua potable en su casa?. Como con sabiduría lo describe Roberto Gargarella en su conocida “Carta Abierta sobre la Intolerancia”, pareciera que estando en el siglo XXI, contando con una Constitución que promueve el progreso con justicia social y que incorpora distintos tratados internacionales sobre la materia, estamos frente a privilegios y no así frente a derechos, que en realidad son y que deberían corresponder a todo hombre por el mero hecho de serlos: los derechos humanos son universales, interdependientes e indivisibles. Entonces ¿no estaremos en realidad frente a una lamentable consecuencia de un Estado ausente que no cumple con muchos de sus deberes para con sus ciudadanos? Yo me inclino por esta posición: la Villa 31 existe desde la década del 40 y si sesenta años no alcanzaron para consumar un verdadero plan de inclusión y urbanización es porque evidentemente hay una falla; falla que da origen a la protesta social de personas que ya dejan de tolerar atropellos de una administración pública que avasalla sus derechos, transigiendo así sobre una de sus funciones elementales o ¿para que existe el Estado entonces? ¿Para que un par de sujetos simule solemnemente que trabaja para el pueblo? No adhiero a esta tesis, como no adhieren así los compatriotas de la 31.
Volviendo a los recelos que genera una protesta de estas características, no desaparece aquí el imaginario social de la población para con los ciudadanos de la villa 31: “son unos negros de mierda”, “quilomberos”, “que vayan a laburar”. Claro, si en las villas son todos chorros…y encima negros ¿Cómo avalar entonces dicha iniciativa? Si, es lamentable, pero es la realidad; esta bien que existan tamañas desigualdades, pareciera que se infravalora la condición de humanidad de miles de personas que no tienen la posición requerida en la sociedad para ser buenos vecinos. Nos olvidamos quizás de que como en toda la sociedad existen dentro de estos asentamientos personas que a diario se levantan para trabajar, que son dignas, pero que nunca pudieron, como si pudimos muchos de nosotros, acceder a una vivienda en el medio de la ciudad constituyéndonos así en “sujetos civilizados”, gente bien que que dentro de una sociedad disciplinar, siguiendo aquí al maestro Michell Foucault, hace lo que debe, sigue estrictamente los planes del sistema, se sociabiliza exitosamente. Es tan lamentable que tantos sujetos no puedan entender que la estigmatización de grupos, o sectores, o personas, no hace mas que aumentar ese resentimiento que acrecienta la probabilidad de consecuencias no deseadas; segrega y discrimina, busca a ese “otro culpable” contra quien debemos arremeter. El caso que analizamos constituye una verdadera radiografía de la sociedad en la que vivimos: al lado de la Ciudad de Buenos Aires, en la que la población percibe un ingreso promedio equiparable al de un parisino, vive otra sociedad que ni siquiera tiene agua potable[1]; la opulencia cara a cara con la deficiencia de satisfacción de necesidades ¿Qué podemos esperar entonces? ¿Alegría?
Convivimos en una sociedad que crea estándares a los que lógicamente toda persona inmersa quiere alcanzar ¿Por qué no entonces los vecinos de la 31? Salvo, claro, que pensemos que son sujetos inferiores y distintos que no tienen estos derechos.
Creo que es claro, volvemos al punto de partida: la irresolución de problemas elementales que mientras no se solucionen van a latir y hacerse notar. Y van a hacerse notar no por Telefe o la CNN porque no son personas con acceso a este nivel de medios de difusión.
Otro punto de vital importancia aquí, es el rol que desempeñan los jueces al ser quienes tienen en sus manos la tarea de sopesar los derechos; en nuestro caso, derechos de raigambre constitucional. A saber, en la mayoría de los casos, los derechos jerarquizados son los que se contraponen a los grupos que se manifiestan, adoptando así una postura autorestrictiva caracterizada por declaraciones de incompetencia, cuestiones políticas no justiciables o motivos formales que hacen improcedente el proceso judicial. Pero siempre hay excepciones y este es un caso. Me refiero a la medida que tomada por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de Capital Federal, dr. Andrés Gallardo quien instó "al Gobierno de la Ciudad, se abstenga de cualquier acción de desalojo o expulsión". Dicha medida será luego convalidad por otra magistrada del Fuero Fderal, la dra. Alicia de Negre; podríamos decir entonces que estamos frente a un autentico caso de activismo judicial. En este caso el poder judicial ha optado por proteger los derechos de los mas desprotegidos rompiendo con una jurisprudencia mas o menos uniforme que no resuelve en este sentido, lo cual constituye un verdadero avance en la protección de las minorías.
Siguiendo la línea que expone el dr. Gargarella, el derecho a la libertad de expresión es esencial en un sistema democrático, que por su naturaleza es participativo, en el que todos tienen derecho a ser oídos.
Luciano Litre Martínez. Juventud GEN Pigüé
[1] En realidad una parte no cuenta con los servicios de agua potable.
El comienzo de dicho asentamiento se remonta a la primera mitad de siglo XX, a la década del 40 mas precisamente, siendo por ese entonces un asentamiento de inmigrantes europeos al que se sumarían obreros del tendido ferroviario que se realizara por aquella época. Tres décadas después estaría albergando nada más, ni nada menos que unas 20.000 familias. Pero sería el pretendido Estado de la década de los 70 el que se encargaría de los planes de desalojo, impulsándolo compulsivamente y logrando la meta que se hubiera interpuesto en gran medida; en 1.979 un juez frena dicho proceso.
Nunca ceso el conflicto; menos lo va a ser en un momento en el que la magia del mercado, esa “mano invisible” juega a favor del valor de la tierra de nuestra metrópoli cosmopolita: como siempre, los intereses son tristemente más fuertes que los más auténticos valores del ser humano. A saber las tierras se encuentran bajo dominio del Estado Nacional y aquí aparece un nuevo conflicto en el que se suma el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el cual liga la responsabilidad al primero por no haber planificado nunca la construcción ni mucho menos la planificación de la villa. A saber en la actualidad el asentamiento constituye una verdadera comunidad en la que pueden observarse edificaciones de hasta 5 pisos y sus residentes se niegan a ser trasladados, simultáneamente exigiendo la prestación de los servicios básicos a los que todo ciudadano tiene derecho.
A saber hace dos semanas los vecinos decidieron cortar la autopista Illia para hacerse escuchar y exigir sus reclamos: la protesta social es en este caso la forma de hacerse oír de esta población que lejos esta de tener los medios para hacerse oír como por ejemplo el grupo de vecinos del congreso que se levanto ante el intento de reemplazar el adoquinado por parte del gobierno de la ciudad.
Va de suyo que todo acto de esta naturaleza genera enojo o perturbación: en este caso la de quienes a diario se mueven por la autopista Illia. Estamos frente a una colisión de derechos, y argumento ya conocido por todos es el de que mi derecho termina cuando empieza el de los demás ¿Quién no se enojaría si le obstruyen la vía por la cual debe transitar a diario para asistir a su trabajo? o ¿Por qué no también tiene derecho a un enojo, y este quizás superior, una persona que no tiene agua potable en su casa?. Como con sabiduría lo describe Roberto Gargarella en su conocida “Carta Abierta sobre la Intolerancia”, pareciera que estando en el siglo XXI, contando con una Constitución que promueve el progreso con justicia social y que incorpora distintos tratados internacionales sobre la materia, estamos frente a privilegios y no así frente a derechos, que en realidad son y que deberían corresponder a todo hombre por el mero hecho de serlos: los derechos humanos son universales, interdependientes e indivisibles. Entonces ¿no estaremos en realidad frente a una lamentable consecuencia de un Estado ausente que no cumple con muchos de sus deberes para con sus ciudadanos? Yo me inclino por esta posición: la Villa 31 existe desde la década del 40 y si sesenta años no alcanzaron para consumar un verdadero plan de inclusión y urbanización es porque evidentemente hay una falla; falla que da origen a la protesta social de personas que ya dejan de tolerar atropellos de una administración pública que avasalla sus derechos, transigiendo así sobre una de sus funciones elementales o ¿para que existe el Estado entonces? ¿Para que un par de sujetos simule solemnemente que trabaja para el pueblo? No adhiero a esta tesis, como no adhieren así los compatriotas de la 31.
Volviendo a los recelos que genera una protesta de estas características, no desaparece aquí el imaginario social de la población para con los ciudadanos de la villa 31: “son unos negros de mierda”, “quilomberos”, “que vayan a laburar”. Claro, si en las villas son todos chorros…y encima negros ¿Cómo avalar entonces dicha iniciativa? Si, es lamentable, pero es la realidad; esta bien que existan tamañas desigualdades, pareciera que se infravalora la condición de humanidad de miles de personas que no tienen la posición requerida en la sociedad para ser buenos vecinos. Nos olvidamos quizás de que como en toda la sociedad existen dentro de estos asentamientos personas que a diario se levantan para trabajar, que son dignas, pero que nunca pudieron, como si pudimos muchos de nosotros, acceder a una vivienda en el medio de la ciudad constituyéndonos así en “sujetos civilizados”, gente bien que que dentro de una sociedad disciplinar, siguiendo aquí al maestro Michell Foucault, hace lo que debe, sigue estrictamente los planes del sistema, se sociabiliza exitosamente. Es tan lamentable que tantos sujetos no puedan entender que la estigmatización de grupos, o sectores, o personas, no hace mas que aumentar ese resentimiento que acrecienta la probabilidad de consecuencias no deseadas; segrega y discrimina, busca a ese “otro culpable” contra quien debemos arremeter. El caso que analizamos constituye una verdadera radiografía de la sociedad en la que vivimos: al lado de la Ciudad de Buenos Aires, en la que la población percibe un ingreso promedio equiparable al de un parisino, vive otra sociedad que ni siquiera tiene agua potable[1]; la opulencia cara a cara con la deficiencia de satisfacción de necesidades ¿Qué podemos esperar entonces? ¿Alegría?
Convivimos en una sociedad que crea estándares a los que lógicamente toda persona inmersa quiere alcanzar ¿Por qué no entonces los vecinos de la 31? Salvo, claro, que pensemos que son sujetos inferiores y distintos que no tienen estos derechos.
Creo que es claro, volvemos al punto de partida: la irresolución de problemas elementales que mientras no se solucionen van a latir y hacerse notar. Y van a hacerse notar no por Telefe o la CNN porque no son personas con acceso a este nivel de medios de difusión.
Otro punto de vital importancia aquí, es el rol que desempeñan los jueces al ser quienes tienen en sus manos la tarea de sopesar los derechos; en nuestro caso, derechos de raigambre constitucional. A saber, en la mayoría de los casos, los derechos jerarquizados son los que se contraponen a los grupos que se manifiestan, adoptando así una postura autorestrictiva caracterizada por declaraciones de incompetencia, cuestiones políticas no justiciables o motivos formales que hacen improcedente el proceso judicial. Pero siempre hay excepciones y este es un caso. Me refiero a la medida que tomada por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de Capital Federal, dr. Andrés Gallardo quien instó "al Gobierno de la Ciudad, se abstenga de cualquier acción de desalojo o expulsión". Dicha medida será luego convalidad por otra magistrada del Fuero Fderal, la dra. Alicia de Negre; podríamos decir entonces que estamos frente a un autentico caso de activismo judicial. En este caso el poder judicial ha optado por proteger los derechos de los mas desprotegidos rompiendo con una jurisprudencia mas o menos uniforme que no resuelve en este sentido, lo cual constituye un verdadero avance en la protección de las minorías.
Siguiendo la línea que expone el dr. Gargarella, el derecho a la libertad de expresión es esencial en un sistema democrático, que por su naturaleza es participativo, en el que todos tienen derecho a ser oídos.
Luciano Litre Martínez. Juventud GEN Pigüé
[1] En realidad una parte no cuenta con los servicios de agua potable.
